Desaparece el CCC de Huejutla por ser un cargo al erario público

A partir de hoy inicia el proceso de liquidación del Consejo Consultivo Ciudadano, de acuerdo con un decreto de extinción publicado ayer por el gobierno del estado, debido a la duplicidad de funciones con diferentes dependencias de la administración.

En su edición de ayer el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo publicó el decreto para la extinción del organismo público Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo (CCCEH) y emitió los lineamientos de su liquidación, en donde menciona que “conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación”.

Dicho documento abroga el decreto de creación del organismo público, que fue publicado el 14 de febrero de 2006 en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

Cabe mencionar que en los últimos años el Consejo Consultivo Ciudadano que se encuentra ubicado en la ciudad de Huejutla paso a ser una oficina familiar, pues nadie más podía estar al frente de dicho organismo supuestamente descentralizado, pero era un botín que solo se heredaba entre familiares, como muestra es que nunca hubo cambio en esta oficina, y que en el año pasado se lanzó la convocatoria y jamás se hizo el cambio de directiva.

 DATO:

Este organismo fue creado en las postrimerías del sexenio del entonces gobernador Manuel Ángel Núñez Soto, como una unidad alterna de apoyo al ejecutivo y cuyo primer titular fue Jaime Daniel Baños Paz, el Consejo Consultivo Ciudadano de Hidalgo (CCCH) nació como tal, hasta 2006 cuando se decretó en el Periódico Oficial del su creación y que encabezó el ex alcalde pachuqueño Mario Viornery Mendoza teniendo un costo de 12 millones 700 mil pesos anualmente.

Los lineamientos para el proceso de liquidación del Consejo Consultivo buscan regular el proceso para su extinción y el destino final de su patrimonio, cuya responsabilidad recaerá en el liquidador.

 “Los recursos materiales del organismo serán transferidos al Poder Ejecutivo del estado y administrados por el liquidador durante el proceso. Los bienes muebles e inmuebles serán incorporados a la administración pública centralizada”, cita el decreto.

En tanto, la Secretaría de Contraloría ejercerá funciones de inspección y vigilancia dentro del proceso de liquidación, a través del personal designado por la misma.